Daniel Rodríguez (*) 

MONTEVIDEO, Uruguay, 18 de febrero de 2019.- Santa Cruz de la Sierra fue el escenario de un intercambio de experiencias, diagnósticos y proyectos entre representantes de países de Latinoamérica y organizaciones europeas sobre prevención de violencia y fraude en el deporte.

Prevenir hechos de violencia en el deporte demanda pasar de un enfoque meramente policial a uno integral, que involucre al estado, las organizaciones deportivas y los espectadores. Esta fue una de las conclusiones del intercambio realizado durante el Seminario Latinoamericano “Integridad en el deporte: Lucha contra el fraude en el deporte”.

Representantes del Consejo Superior de Deportes y de La Liga de España expusieron el marco normativo y el alcance de su sistema de trabajo sobre prevención de violencia en el deporte en general y el fútbol en particular. También se presentaron los programas que se implementaron en el fútbol de Argentina y Chile, lo que permitió realizar una evaluación e intercambio sobre distintas experiencias en los países de la región.

El modelo español se apoya en la coordinación e intercambio de información entre el estado español, La Liga y los clubes, legislación específica, mantenimiento de los estadios y un vínculo constante con los aficionados a través de sus organizaciones. Florentino Villabona, Director del Departamento de Integridad y Seguridad de La Liga, informó que el fútbol profesional es la mayor industria del ocio de España, generando 100 mil puestos de trabajo directos. Pero el éxito económico de esta actividad también permite generar ingresos para la seguridad privada y la capacitación de los equipos de seguridad de los clubes. A nivel público la policía es la encargada de la seguridad de los protagonistas antes, durante y después de cada partido, dentro y fuera del campo. Villabona aseguró que el fútbol cuesta “millones de euros al estado español” por los operativos. Sin embargo por concepto de impuestos se captan más de 1.400 millones de euros.

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La relación con los aficionados implica un cambio cultural, con derechos y obligaciones bien definidas. El objetivo es reducir la visibilidad de los “Ultras” o “Barras”. Hay espacios para los aficionados a través de canales de comunicación formal y reuniones con sus organizaciones para intercambiar puntos de vista. Pero también se apunta a que los clubes no amparen a los violentos. En tal sentido La Liga asume como parte actora ante la justicia cuando hay un hecho de violencia, de forma de evitar que el caso se archive por falta de seguimiento. Otro aspecto es el seguimiento de las redes sociales de “Ultras”, para alertar sobre posibles incidentes y cuando hay apología de la violencia.

Otra medida que busca desarmar a estos grupos son las “Gradas de Animación”, donde se ofrece bajar el precio de las entradas de 40 a 15 euros con la condición de ingresar con el registro de huella digital y comprometerse a no cometer actos de violencia. En el mediano plazo se analiza ampliar la experiencia de los estadios de Leganés y Atlético Madrid, donde se usa el sistema de reconocimiento facial por cámaras.

Desde el punto de vista normativo, la Subdirectora General Adjunta de Régimen Jurídico del Consejo Superior de Deporte de España, Ana Criado, explicó que la legislación vigente abarca la prevención de la violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte, regulando todo lo referente a espectadores, jugadores, dirigentes, ya que hay una relación directa entre lo que ocurre “en la cancha y en la grada”.

En el caso del programa “Tribuna Segura” que se aplica en Argentina, la abogada y asesora del Ministerio de Seguridad, Mariana Galván, indicó que el proyecto aplicó el modelo español, en acuerdo con la Liga. El primer objetivo es que la legislación sea aplicable a todo el país, ya que hay situaciones que se tratan diferente según las provincias, lo que se agrava por la falta de coordinación entre los actores públicos y entre el estado y los organizadores de los partidos.

Otro objetivo es desestimular las actividades económicas que financian a las barras bravas, penalizando la reventa de entradas, el cobro compulsivo de estacionamientos y eliminar la connivencia entre barras y dirigentes.

En Chile el punto de partida para “Estadio Seguro” fue una reforma legislativa del año 2012. El representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, Gustavo Garrido, explicó que el plan no fue creado a partir de una tragedia, lo cual marca una diferencia con respecto a otras iniciativas en la región, pero con el objetivo de prevenir situaciones de violencia que se venían registrando y para racionalizar recursos de seguridad pública.

Con este plan el organizador de cada partido pasó a ser el responsable de la seguridad, designando un jefe de seguridad, guardias privados y disponiendo de cámaras de seguridad. Además se encarga de controles fuera del campo y evitar el ingreso de personas impedidas de asistir a partidos de fútbol por orden judicial. Se establecieron cuatro categorías de medidas de seguridad según el tipo de partido, proporcionales al riesgo de cada encuentro, se estableció el control de intendencias y gobernaciones para habilitar los estadios y se reconoce el derecho de los aficionados a tener estadios limpios y accesibles.

El cuerpo de Carabineros sigue brindando la seguridad de los espectáculos. Sin embargo Garrido describió el impacto de las medidas complementarias llevadas a cabo con “Estadio Seguro#. En el clásico Universidad de Chile-Colo Colo de 2011 se desplegaron 909 Carabineros. Seis años después fueron 489. La reforma normativa también agregó sanciones a los organizadores; o no se autorizan partidos si no se dispone del dispositivo de seguridad acorde o se aplican multas.

En el intercambio con representantes de otros países de Latinoamérica se coincidió que hay problemas en la falta de recursos económicos para desplegar operativos se seguridad, malas condiciones edilicias y de accesibilidad a escenarios deportivos, desconfianza entre actores públicos y los clubes organizadores sobre los roles de cada parte e incongruencia en la legislación o normativa aplicable a cada ciudad o región. Varias de las medidas expuestas en otros países ya fueron tomadas, pero pierden eficacia ya sea por la falta de coordinación entre los actores involucrados o por no tener continuidad en el tiempo.

Las conclusiones del Seminario establecen que el fenómeno de la violencia es complejo y demanda una estrategia a larga plazo con objetivos claros, que no esté condicionada por un evento o suceso en particular. El punto de partida debe ser una legislación sólida y revisable periódicamente, coordinación eficiente y compromiso entre públicos y privados, capacitación a los efectivos de seguridad, mantenimiento de los estadios e involucrar a los aficionados.

Otro aspecto del Seminario fue el abordaje de medidas contra la manipulación de resultados y competencias deportivas, con la presentación de un proyecto del Consejo de Europa para crear una red de plataformas nacionales que establezcan la coordinación entre gobiernos, justicia y entidades deportivas para intercambiar información, prevenir maniobras ilegales y responder con sanciones ante situaciones de fraude. Detrás de la manipulación de resultados están las apuestas ilegales, el crimen organizado y lavado de dinero. Se trata de un fenómeno a nivel mundial que afecta a la integridad del deporte, la economía, el estado de derecho y a la sociedad. Además se conocieron las medidas que aplican la Liga de España y la Unidad de Integridad del Tenis Profesional para investigar y prevenir los amaños de partidos y el control hacia los propios protagonistas del deporte. Otro aspecto fue el trabajo que hace la Lotería de Francia con el deporte organizado en materia de integridad.

El Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay participó de este seminario, representando a AIPS América. El evento fue organizado por el Consejo Superior del Deporte de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional en el Centro de Formación en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, entre los días 10 y 14 de diciembre de 2018. Asistieron integrantes de organismos reguladores del Deporte y del sector público de Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Puerto Rico. 

(*) Vicepresidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay.